Con el aumento la demanda de minerales para la transición energética y la defensa, es fundamental que los gobiernos garanticen la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro. Hacen falta normas vinculantes
Cuando Norbert Amoya, de 29 años, fue a buscar agua a un río del norte de Zambia a principios de este año, encontró una gran cantidad de peces muertos y el agua tenía un olor extraño, según contó a un periodista. La causa fue un grave desastre minero.
El 18 de febrero, una presa de una mina de cobre china se rompió y vertió residuos tóxicos en un afluente del río más grande de Zambia, lo que amenazó el ecosistema, puso en peligro el sustento de millones de personas y expuso a las comunidades a un grave riesgo de cáncer y otras enfermedades. Aunque la empresa china ha indemnizado a varios residentes, el impacto a largo plazo sobre el ecosistema y los medios de vida de la población sigue siendo devastador. Este tipo de desastres se pueden prevenir.
Del 8 al 12 de diciembre, los Estados se reunieron en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el máximo órgano mundial de formulación de políticas ambientales, deliberaron sobre cómo hacerlo. El Gobierno colombiano tomó la iniciativa al proponer un nuevo tratado mundial para abordar los riesgos medioambientales de la minería, incluida la diligencia debida en materia de derechos humanos y la capacidad de rastreo en las cadenas de suministro de minerales. Muchos otros gobiernos, entre ellos los de Armenia, Ecuador, Omán y Zambia, país afectado por la contaminación, se sumaron a la iniciativa, que aboga por una “gestión ambientalmente racional de los minerales y metales”.
