La concesión de 53 millones de financiación pública de la SEPI en 2021 se convirtió en causa política con la denuncia de PP, Vox y Manos limpias, pero la compañía y la sociedad estatal salieron indemnes del proceso judicial
“A las 8 de la mañana se han personado varios agentes de la Policía Nacional en las oficinas centrales de Plus Ultra en Madrid para recabar información fiscal de la compañía por instrucción del juzgado número 15 de Madrid”. Así arranca un portavoz de la aerolínea Plus Ultra el relato sobre la visita policial recibida este jueves. Elude hablar de registro y asegura la “plena colaboración” con la investigación, “facilitando toda la documentaci...
ón que precisen y que se circunscribe al área económica financiera, no habiéndose producido registro alguno de las instalaciones”, insiste. Pese a no haberse restringido el acceso a las oficinas, la dirección ha ordenado el teletrabajo a los empleados en una jornada en la que “la operativa de la compañía se mantiene con toda normalidad”. No ha parado un solo avión, pero la jornada dista de ser una más.
A la aerolínea que preside el detenido Julio Martínez Sola se le han vuelto a aparecer los fantasmas de supuestos vínculos directos con el régimen de Venezuela y de un rescate con 53 millones de fondos públicos, firmado en marzo de 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ya fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En abril de 2021 se buscaba el rastro del dinero, por si este había acabado en manos afines a Nicolás Maduro. El caso fue archivado en enero de 2023, tal y como demandaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado (en defensa de la SEPI), en lo que fue vendido como un triunfo por la empresa tras casi dos años de pesquisas.
