El letrado advierte de que el pseudosindicato usa la causa “como instrumento” y eso “compromete la independencia profesional” de la abogacía
El pseudosindicato Manos Limpias, del que partió la denuncia que dio origen al caso Begoña que instruye el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se ha quedado sin representantes legales en la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno. El abogado y el procurador que integraban la acusación de la organización han renunciado a seguir ejerciéndola al entender que “lo que un inicio era un encargo jurídico” ha ido transformándose “en una controversia política y mediática”, según un escrito dirigido al instructor, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El procurador ha enviado a Peinado este mismo lunes el escrito de renuncia conjunta, que se acompaña de una carta firmada por el abogado, Carlos Perales, del bufete Preico Jurídicos. Perales censura la actitud del pseudosindicato sobre la acusación popular y considera “inviable” continuar con su labor con eficacia, bajo “estándares de calidad, independencia y rigor jurídico” que, defiende, inspiran el ejercicio profesional del despacho.
“Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico (...) ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”, critica el letrado, que además apunta a que Manos Limpias no se mueve por la solidez de los argumentos jurídicos y que, en cambio, “responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”. Es algo “legítimo”, apunta, desde la perspectiva de la propia organización, pero no desde la del ejercicio de la abogacía “fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos”.
