La reciente muerte en operativos militares de 15 menores reclutados forzosamente abre una crisis sin precedentes al presidente colombiano
La madrugada del 13 de noviembre la selva colombiana crujía a oscuras. Una columna de 150 guerrilleros, camuflados de verde oliva, avanzaba entre la maleza con el objetivo, dijo el Ministerio de Defensa, de emboscar a un grupo de 20 jóvenes soldados desplegados en la zona. En el pelotón se encontraban dos objetivos prioritarios para las autoridades: hombres de confianza de Iván Mordisco, alias del guerrillero que lidera un grupo disidente de las FARC y uno de los criminales más buscados de Colombia. No llegaron tan lejos. Tres aviones soltaron varias bombas sobre sus cabezas. Los cercaron también por tierra. La orden la dio el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras recibía a ...
decenas de líderes mundiales en la Cumbre de la CELAC, a orillas del mar Caribe. Los objetivos principales escaparon, pero 19 combatientes rasos murieron en el ataque. Siete eran menores reclutados a la fuerza por la guerrilla. Carem Smith Cubillos Miraña tenía 13 años. La mayor, Martha Elena Abarca Vilches, 17.
El bombardeo, ocurrido en la región amazónica del Guaviare, desató un terremoto político cuyas réplicas siguen 10 días después. Petro reconoció que sabía que podían morir menores y asumió la responsabilidad. Pero no reculó. Su respaldo cerrado al ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, desconcertó a sus bases: una izquierda que difícilmente puede defender una operación en la que murieron niños que también eran víctimas del conflicto. El presidente había roto uno de los límites que él mismo había fijado: evitar operaciones armadas cuando hubiera menores. “No era un jardín infantil. Era un campamento armado”, justificó Sánchez.
