El juzgado estima las medidas cautelares y deja sin efecto el precinto de un año decretado por el Consistorio
La discoteca madrileña Teatro Barceló ha recibido esta semana un balón de oxígeno judicial. El tribunal ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la promotora del local y ha paralizado, por ahora, el precinto ordenado por el Ayuntamiento de Madrid. El cierre se había decretado semanas atrás como sanción por haber superado en dos ocasiones el aforo permitido de 990 personas durante 2023 —en unas 600 personas, según la Policía Municipal—. Mañana, la sala abrirá con normalidad.
Tras conocerse la resolución, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió el precinto como respuesta a “dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido”. Sus declaraciones han encendido los ánimos en la Plataforma por el Ocio. Los hosteleros sostienen que “la noche madrileña es segura” y señalan la “arbitrariedad” de la Agencia de Actividades (ADA) en la aplicación de la normativa como el verdadero problema.
El conflicto por los aforos en los locales de ocio nocturno viene de lejos. Se remonta a 1997, cuando el Ayuntamiento, entonces bajo el mandato del popular José María Álvarez del Manzano, aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aquel documento fijó unos “tipos urbanísticos” que asignaban un aforo base según el tipo de actividad y permitían exenciones de hasta 600 personas o más en zonas periféricas. “En Madrid, el aforo se calcula por un mapa, no por la seguridad del local”, critica Vicente Pizcueta.
