Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La condena ha generado una polvareda política con un nuevo choque a izquierda y derecha.
Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.
Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.
La resolución, según ha adelantado el Supremo, impondrá también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.
