El Supremo ha condenado a García Ortiz a la pena de multa e inhabilitación por revelación de datos reservado
El Tribunal Supremo ha decidido condenar por mayoría al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados a la pena de multa de 7.200 euros y a inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público por el plazo de dos años. Esta inhabilitación será efectiva cuando se notifique la sentencia que, de momento, no está escrita. La Sala de lo Penal ha adelantado únicamente el fallo que suscriben cinco de los siete magistrados que formaban el tribunal. A partir de entonces, el fiscal podrá presentar un incidente de nulidad y después acudir al Tribunal Constitucional.
Según distintos juristas consultados por EL PAÍS, la sentencia —que rubricarán el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela— es inapelable dentro del propio Supremo. “La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma”, describe la providencia que se ha dictado este jueves. Únicamente cabe, por tanto, la presentación de un incidente de nulidad, que es un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales en firme, y que se trata, en realidad, de un mero trámite que muy rara vez fructifica.
