La complejidad de unos aparatos que han costado 280 millones, los requisitos de seguridad de los edificios, y la formación de los operarios pueden retrasar hasta 2029 su puesta en marcha al completo en el sistema público
Cuatro años después de que la fundación de Amancio Ortega, impulsor de Zara, anunciara la donación a Galicia, Andalucía, Canarias, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco de 10 de las máquinas más avanzadas del planeta para combatir el cáncer, valoradas en
ctos/programa-para-la-implantaci%C3%B3n-de-la-protonterapia-en-el-sistema-p%C3%BAblico-de-salud-de-espa%C3%B1a/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.faortega.org/es/proyectos/programa-para-la-implantaci%C3%B3n-de-la-protonterapia-en-el-sistema-p%C3%BAblico-de-salud-de-espa%C3%B1a/" data-link-track-dtm="">280 millones de euros, ninguna está funcionando. Galicia, según la Xunta, se convertirá en el último trimestre de 2026 en el primer territorio que trata a pacientes con este acelerador de protones en la sanidad pública. Ya en 2027 está previsto que le sigan Madrid y Comunidad Valenciana, según los cálculos de la fundación, que incluye en ese calendario a Santiago de Compostela. Para que todas las máquinas estén activas habrá que esperar, previsiblemente, hasta 2029. Para entonces se habrá cumplido casi una década desde el anuncio de la operación. La mezcla entre la alta complejidad técnica del proyecto, y la burocracia que lo acompaña, tiene una consecuencia: la sanidad privada viene recibiendo millones cada año por atender a los pacientes de la pública, como demuestra que Madrid esté licitando ahora mismo un contrato que valora este servicio en una media de 1,9 millones anuales durante un máximo de tres años.
