El apoyo de la ONU al plan autonomista de Marruecos compromete aún más a España a velar por los derechos de los saharauis
Justo medio siglo después de que tuviera lugar la Marcha Verde —cuyo aniversario se cumple mañana—, Marruecos ha visto cómo la comunidad internacional ha respaldado en gran medida su aspiración sobre el Sáhara Occidental, descolonizado apresuradamente por España en 1975 y, desde entonces, objeto de disputa entre el reino alauí y los representes de los saharauis, partidarios de un Estado independiente de carácter republicano. La votación registrada el pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, que avala el plan marroquí de autonomía para el antiguo territorio español, supone una victoria diplomática para Rabat, pero también le obliga a presentar un proyecto autonómico creíble que convierta la región en una zona pacífica y próspera y en la que, sobre todo, los derechos de la población que habitaba el Sáhara Occidental antes de la retirada española queden garantizados.
Guste o no la fórmula, y estando aún lejos de una solución definitiva, se ha dado un paso para desbloquear un contencioso enquistado. Mientras Franco agonizaba en Madrid, el entonces rey de Marruecos, Hassan II, organizó un movimiento de 350.000 personas, entre ellas unidades militares, que penetraron en el territorio administrado hasta entonces por España y lo reclamaron como parte de la soberanía marroquí. Inmediatamente estalló una guerra entre Rabat y el independentista Frente Polisiario con repercusiones internacionales: mientras Estados Unidos y Francia respaldaban a Marruecos, Argelia y Libia se decantaron por el Polisario. El conflicto abierto —que incluye, según estimaciones de Acnur y Cruz Roja, más de 170.000 refugiados— se prolongó hasta el alto el fuego de 1991.
