Sizewell C recibirá 13.600 millones de dinero público y será la primera planta programada desde 1995
El Gobierno laborista de Keir Starmer está decidido a revertir, con la aplicación de un “pragmatismo sin escrúpulos”, décadas de declive de la energía nuclear en el Reino Unido. El país que contribuyó decisivamente a la fisión del átomo y que construyó en 1956 la primera central, Calder Hall, con fines comerciales, llegó a tener 18 reactor...
es en funcionamiento en 1988. A mediados de los noventa, un 25% de la energía consumida en la isla era nuclear. Hoy esa aportación es del 14%, y cinco de las seis plantas que siguen en funcionamiento tienen previsto su cierre para mediados de la próxima década.
La combinación del miedo ante las armas atómicas; el pavor provocado por desastres como Chernóbil o Fukushima; el respaldo político de la izquierda a los mineros y al carbón en su batalla contra Margaret Thatcher; los fuertes intereses de la industria petrolífera y gasística y la oposición histórica de los grupos medioambientalistas a la energía nuclear explican gran parte de este declive.
A eso ha de añadirse una explicación económica: la estricta regulación en materia de seguridad y planificación urbanística, el elevado coste de la mano de obra y la eterna lucha legal contra los obstáculos de vecinos y municipios afectados (los llamados NIMBYs, en inglés: Not in My Backyard, No en mi patio trasero) han provocado que proyectos como el de la central de Hinkley Point C, en Somerset, lleve diez años en marcha, su ejecución haya vuelto a ser retrasada a 2031 y se haya convertido ya en la planta nuclear más costosa de la historia, con un total de casi 53.000 millones de euros cuando esté finalizada.
