Los afectados por la catástrofe se merecen más agilidad en las ayudas para la reconstrucción y un presidente de la Generalitat digno de su cargo
El próximo miércoles se cumplirá un año desde que un término propio del léxico meteorológico —depresión aislada en niveles altos: dana— se instaló dramáticamente en el vocabulario de los españoles, pero sobre todo en el de los valencianos. Desde el 29 de octubre de 2024, las heridas personales, económicas y políticas siguen abiertas en miles de familias que vieron quebrada su vida para siempre y en todo un país que asiste, entre indignado y atónico, a las artimañas del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para eludir su papel como responsable último del operativo encargado de gestionar la emergencia aquella tarde fatídica.
Doce meses después de la dana que causó la muerte de 229 personas en Valencia y unas pérdidas económicas estimadas en más de 17.000 millones de euros, el esfuerzo inversor para la reconstrucción es ingente: hasta julio pasado, se han movilizado 9.240 millones, según la Intervención General de la Administración del Estado, de los que el 88% (que incluye seguros y Seguridad Social) corresponde al Ejecutivo central y el resto, a la Generalitat.
