Cualquier cambio legal que amplíe derechos como el permiso de fallecimiento debería ser fruto de un gran acuerdo entre los agentes sociales para su viabilidad y su futuro
El Ministerio de Trabajo ha comunicado esta semana a los agentes sociales los detalles de su propuesta de alargar el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Este pasaría de dos días (ampliables a cuatro en caso de desplazamiento) a 10, distribuibles en un periodo de cuatro semanas a partir de la muerte o la entrega de los restos. Igualmente se proponen permisos adicionales en caso de familiares en cuidados paliativos o que vayan a someterse a un proceso de eutanasia.
En la mayoría de los países de nuestro entorno, la norma general de permisos en estos casos es similar a la actual española (entre uno y cinco días), pero hay cualificaciones en casos especiales. Por ejemplo, en Francia puede extenderse hasta 14 días en caso de la muerte de un hijo o persona a cargo menor de 25 años, mientras que en Portugal el permiso se extiende hasta 20 días para el cónyuge, pareja de hecho o hijos.
Ampliar los permisos por deceso según la propuesta del ministerio consolidaría como derecho de los trabajadores lo que es una respuesta normal y humana ante un drama personal. El duelo es una reacción natural a una pérdida y no todos son iguales ni se pasan igual. E, igualmente importante, la muerte de un allegado exige una serie de trámites y actuaciones que requieren tiempo y, en algunos casos, la presencia física de sus familiares.
