Durante la reciente historia democrática de España ningún partido ha mostrado un sincero interés por la tauromaquia
Solo dos políticos, dos valientes y comprometidos aficionados, han mostrado un verdadero interés por la fiesta de los toros en la etapa democrática de este país. Juan Antonio Arévalo (Valladolid, 1935-2022), senador socialista, apasionado de la política y el toro, promotor de la
-dtm="">Ley 10/1991 de 4 de abril sobre Potestades Administrativas de los espectáculos taurinos, el primer intento serio de defender la integridad y la lucha contra el fraude; y Juan Manuel Albendea, diputado del PP desde 1996 hasta 2015, fallecido el mismo año que su compañero, impulsor desde la Comisión de Cultura del Congreso, de la que entonces era presidente, de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular.
Cuando Arévalo abandonó el Senado en 2000, la integridad del espectáculo dejó de ser una prioridad para las autoridades; y Albendea vivió en su propia carne la desafección de su partido hacia el cumplimiento de la ley que acababa de aprobar en el Parlamento.
Y ahí acabó la relación entre los toros y la política. A los representantes de la soberanía popular solo les ha interesado la fiesta como reclamo electoral y, en todo caso, como cómodo y gratuito plató para lucirse en los callejones.
