La medida solivianta a la comunidad ‘gamer’ y a la oposición mexicana
Hay argumentos que, por mucho que se demuestran falaces, siempre vuelven, como un ritornello. México quiere aplicar un impuesto del 8% a los videojuegos violentos o no aptos para menores, el cual entraría en vigor en 2026. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca desalentar el consumo de este tipo de contenidos, recaudar fondos y combatir la violencia en el país. La intención, según sus impulsores, es reducir la violencia en la sociedad a través de una carga fiscal sobre productos considerados dañinos, similar al impuesto que ya se aplica en tantos sitios a las bebidas azucaradas o al tabaco.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, aunque aún debe ser validada por el Senado, que también deberá definir aspectos clave como la clasificación de juegos, la base imponible y su aplicación en ventas digitales y servicios de suscripción como Game Pass o PlayStation Plus. Evidentemente, muchos se han llevado las manos a la cabeza.
“Argumentan que las consolas son generadores de violencia, como si los gamers fueran potenciales delincuentes”, ha dicho la diputada mexicana por Movimiento Ciudadano Iraís Reyes. “Y vamos a decirlo con todas sus letras: Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us; nadie termina en la delincuencia por lanzar un Fatality en Mortal Kombat; nadie se convierte en narco por atrapar criaturas en Pokémon”. Sus palabras, más emparentadas con el zeitgeist del momento que la propuesta en sí, han sido muy aclamadas en redes de medio mundo, donde muchos se preguntan que, si la vara de medir es la violencia, por qué no gravar también los libros, películas o series violentas.
