España registró entre abril y junio 4.133 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles. Esto supone un incremento considerable de estos procesos, que crecen un 20,5% respecto al primer trimestre y un 27,8% en términos interanuales. Ese avance respecto al año pasado sobresale en comparación con el resto de la serie histórica: los datos, que empiezan en 2014, solo recogen un salto interanual mayor y se dio durante el anómalo periodo de la pandemia.
En términos absolutos, hay que retroceder hasta el último trimestre de 2022 para encontrar otro trimestre en que hubiera más de 4.000 ejecuciones hipotecarias. Este proceso no supone exactamente un desahucio, pero sí es uno de los pasos que pueden acabar con una familia expulsada de su vivienda al no haber cumplido con los pagos.
El indicador tampoco es un termómetro del total de desahucios porque hace mucho tiempo que la mayoría de desalojos se producen por impago del alquiler. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2025 un 77% del total de desahucios, más que nunca, se correspondieron con inquilinos.
Respecto a los datos difundidos este miércoles por el INE, el alza de las ejecuciones hipotecarias es similar en viviendas de uso principal (28,1% respecto al año pasado) y en segundas residencias (27%). Las primeras son mayoría en estos desalojos por mandato judicial, 2.902 de uso principal en el segundo trimestre, frente a las 1.231 restantes. Los desahucios de viviendas principales suponen el 70% del total. Hace una década, en los rescoldos de la Gran Recesión, la proporción era la contraria: había más desahucios de viviendas que no eran de uso principal.
