Poco más de un año después de haber dejado la presidencia de la Generalitat tras la victoria socialista, Pere Aragonès ha anunciado este martes que renuncia a la retribución fijada por ley para quien ha ocupado el cargo. El expresident, próximo a cumplir los 43 años, ha explicado que asumirá las riendas del negocio familiar y mantendrá la oficina que también estipula la norma. Padre de dos hijos, el excoordinador nacional de Esquerra también aprovechará para finalizar su tesis doctoral, una gran carpeta pendiente en su vida académica y además dará clase de Historia Económica en la Universidad de Vic.
La ley que rige el estatus de los expresidentes catalanes fue aprobada en 2003 y establece que, una vez finalizado el cargo, quien haya ostentado la jefatura del Govern tiene derecho a tres prebendas: una oficina con personal y medios asegurados, una retribución equivalente al 80% del sueldo que se abonaría como mínimo por el equivalente a una legislatura y una prestación del 60% del sueldo cuando se jubile. Hasta 2023, la Generalitat había gastado 53 millones manteniendo la oficina y los gastos de los extitulares de la presidencia del Govern y de la Cámara catalana.
Aunque a Aragonès le faltaron nueve meses para completar la legislatura, la ley le permitía cobrar la prestación por cuatro años, así que renuncia a los tres que aún tenía pendientes. El republicano dejó el cargo cobrando 136.177 euros brutos al año. La oficina, ubicada en el Palau de Pedralbes, la mantendrá activa y aún le quedan más de 20 años para afrontar la jubilación.
