Casi dos semanas después del ataque militar estadounidense contra una embarcación venezolana sospechosa de cargar droga, la información sobre el golpe, en el que murieron los 11 ocupantes de la lancha, sigue llegando con cuentagotas. Lo poco que se sabe multiplica los interrogantes sobre su legitimidad jurídica. Un grupo de senadores
//www.kaine.senate.gov/press-releases/kaine-leads-pressure-on-trump-administration-for-answers-on-strike-in-caribbean" target="_self" rel="" title="https://www.kaine.senate.gov/press-releases/kaine-leads-pressure-on-trump-administration-for-answers-on-strike-in-caribbean" data-link-track-dtm="">ha exigido explicaciones oficiales en una carta remitida al presidente Donald Trump, mientras defensores de los derechos humanos denuncian que “esta Administración está normalizando las ejecuciones extrajudiciales”.
Más allá del vídeo que Trump volcó en redes sociales, en el que se ve estallar la lancha, y una carta de notificación que por ley la Casa Blanca debe dirigir al presidente de la Cámara de Representantes, apenas se ha divulgado información pública sobre un incidente que ha puesto las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela al rojo vivo. Una sesión informativa en el Capitolio se pospuso en el último momento y, cuando finalmente ocurrió, fue muy breve: solo se invitó a un puñado de asesores y no se incluyó a ningún legislador. No se ha dado, tampoco, a conocer a los ciudadanos dónde exactamente ocurrió el golpe, las identidades de los muertos o qué droga era la que supuestamente había a bordo.
