La Universidad de Harvard se ha apuntado este miércoles un tanto en su batalla judicial contra el Gobierno de Estados Unidos, transformada ya en una pelea por la libertad de cátedra y de expresión. Un tribunal ha declarado ilícita la decisión de la Administración de Donald Trump de retirar 2.200 millones de dólares en fondos para investigación a esta institución educativa, y ha ordenado que se entregue ese dinero a la universidad.
El dictamen de la jueza de distrito Allison Burroughs en Boston (Massachussetts) es una vindicación de las tesis de la universidad más antigua y más rica de Estados Unidos, que alega que las presiones de la Administración Trump sobre sus políticas de diversidad y su supuesto antisemitismo equivalen a una violación de la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. En una vista celebrada en julio, los abogados de Harvard habían argumentado que la congelación de fondos no solo es ilegal, sino que pone en peligro investigaciones fundamentales para la medicina, la ciencia y la tecnología.
La jueza está de acuerdo en que la congelación de los fondos violó los derechos constitucionales de Harvard, convertida ahora en emblema de la resistencia del sector educativo contra las presiones de la Administración republicana. Unas presiones que comenzaron como exigencias de control sobre las proclamas propalestinas tras la gran movilización estudiantil contra la guerra en Gaza de la primavera de 2024 y pasaron a la demanda de eliminación de los programas de fomento de la diversidad y la inclusión en los centros de enseñanza. El Gobierno republicano exigía a la universidad —y a otros centros educativos punteros— cambios drásticos en su política de contratación de profesores y personal y admisión de alumnos.
