La sanidad pública andaluza hace tiempo que ha dejado de ser solo un ariete de la oposición contra la mayoría absoluta del Gobierno de Juan Manuel Moreno, para convertirse en un problema tangible de todos los andaluces, que tienen que aguardar semanas para que les atienda su médico de cabecera o un pediatra y hasta más de un año para ser operados. En esta última legislatura, Marea blanca ha canalizado ese malestar ciudadano a través de manifestaciones cada vez más multitudinarias y a las que, conforme se enquistaban las listas de espera y el colapso en la atención primaria, también se han sumado los profesionales sanitarios, frustrados por la degradación de su situación laboral. Pero la plataforma no se ha quedado solo en la protesta en la calle. Hace un año anunció su intención de trasladar la preocupación por el deterioro la sanidad pública al Parlamento con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindarla de la progresiva privatización que, denuncian, viene aplicando el PP desde que llegó a la Junta en 2019. Este martes han presentado la propuesta en la Oficina del Censo Electoral de Sevilla acompañada de 57.209 firmas junto a los pliegos en los despachos; y de los miles de personas, sindicatos y representantes de los partidos políticos de la izquierda, en la avenida donde se ubica la sede, que luego han marchado hasta la sede de la Junta, en el Palacio de San Telmo, en un acto que esas formaciones también han utilizado como escenario para el arranque de facto del nuevo curso político, marcado por la convocatoria de elecciones autonómicas.