La prensa dentro y fuera de México ha escrito durante un año y medio sobre cuáles serían las implicaciones de la profunda reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. La enmienda constitucional cambió la manera como se designa a los jueces en el país latinoamericano: ahora, por el voto directo de la ciudadanía. Miles de abogados hicieron campaña para ganar un cargo en la judicatura. La joya de la corona fue la Suprema Corte de Justicia, en cuyos asientos han quedado nueve juristas impulsados por el oficialismo. México es ahora el único país del mundo que elige por sufragio popular a todos sus jueces. Las principales figuras de Morena, empezando por la presidenta, Claudia Sheinbaum, sostienen que el Poder Judicial se ha democratizado y que a partir de este momento estará verdaderamente al servicio de los intereses populares. Este lunes, 881 juzgadores federales elegidos en las urnas han tomado posesión de su cargo, que deberán desempeñar entre la tensión de “servir al pueblo” —según las consignas del oficialismo— sin desafiar demasiado a las instituciones del Gobierno al que se deben.
La independencia de la Suprema Corte respecto del poder político ha sido objeto de debate en la academia y en los círculos políticos. Morena desplegó un enorme operativo electoral para dirigir el voto a favor de Hugo Aguilar, nuevo presidente del alto tribunal, y el resto de los togados que llegan a integrar el órgano judicial. Ajena a las críticas, la presidenta Sheinbaum ha acudido la noche de este lunes a la sede del Supremo a la sesión en la que se instaló el nuevo pleno, en lo que los críticos han vislumbrado la injerencia que, a su parecer, tendrá el Ejecutivo en la judicatura. El último mandatario que había reformado el Poder Judicial, el priista Ernesto Zedillo, hace tres décadas, decidió no presentarse al arranque de aquella Corte, en un intento por marcar hacia el público la separación entre los poderes de la Unión. La reforma zedillista buscaba dar una sacudida a un tribunal que durante años estuvo muy sometido a la voluntad del presidencialismo priista. Desde Morena aseguran que aquella reforma no cambió en nada la sujeción de los togados al poder político y económico y su separación de las causas ciudadanas.
