La creatividad de las autoridades rusas para pensar nuevas medidas represivas es incontestable. Proscribir el satanismo, así, en general, multar por googlear “Navalni” y bloquear las llamadas de WhatsApp con el fin de forzar a sus ciudadanos a utilizar su software espía, el servicio de mensajería Max, son algunas de sus últimas iniciativas. Las nuevas leyes del Kremlin que entrarán en vigor este 1 de septiembre han sido redactadas de forma vaga para ser empleadas de forma arbitraria por sus fuerzas de seguridad. Tras haber barrido a la oposición, también le ha llegado su turno a la élite rusa, y el putinismo se cimenta entre leyes y rejas. El Gobierno ha anunciado también la construcción de más centros de detención preventiva, su particular archipiélago SIZO, como se conocen estas prisiones en Rusia.
El autor de Archipiélago Gulag, Aleksandr Solzhenitsyn, bendijo la presidencia de Putin antes de su muerte en 2008. 17 años después, y con el presidente todavía al timón del país, su primer ministro, Mijaíl Mishustin, ha anunciado la salida definitiva de Rusia del convenio europeo para la prevención de la tortura. Gracias a este tratado, Moscú permitía el acceso de una comisión independiente a sus cárceles e instituciones psiquiátricas hasta el inicio de la invasión de Ucrania. “No logró una mejora sistémica, pero al menos generó un debate sobre las condiciones en las prisiones rusas”, señala por teléfono Dmitri Anísimov, portavoz de OVD-Info, organización independiente que vigila la represión política en el país.
