La hambruna es ya oficial en Gaza, donde más de 313 personas han fallecido por inanición, sumándose a las casi 63.000 que han muerto desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, según sus siglas en inglés) ha sido expulsada de Israel y del territorio palestino ocupado en Jerusalén Este y aún sufre las consecuencias de una virulenta campaña de desinformación lanzada por el Estado judío: ha perdido un tercio de su financiación en plena guerra, el 90% de sus instalaciones han sido parcial o totalmente destruidas y más de 360 de sus 12.000 trabajadores han perdido la vida bajo los bombardeos.
Philippe Lazzarini (La Chaux-de-Fonds, Suiza, 61 años), comisionado general de la UNRWA, asegura que la agencia lucha por mantener los servicios críticos básicos para los 2,1 millones de personas que habitan en una Franja cuyas infraestructuras han sido destruidas al 70%, pero donde Israel les ha prohibido meter un solo gramo de harina desde que el pasado 2 de marzo rompiera unilateralmente la tregua que había firmado con Hamás. Unos 6.000 camiones con comida suficiente para alimentar Gaza durante dos meses están aparcados en las fronteras con Jordania y Egipto. Mientras, el ejército israelí se prepara para una enésima ofensiva que hace aún más incierto el futuro del enclave palestino y el de la cooperación multilateral. “Gaza se está convirtiendo en el cementerio del derecho internacional humanitario”, sentencia Lazzarini en una entrevista concedida a EL PAÍS este martes, durante el curso de verano Quo Vadis Europa XIII, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander y en el que ha participado.
