El pasado 1 de abril se desplegó por completo el Real Decreto-Ley 11/2024, que, entre otras medidas, mejora las condiciones para compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo. España, como la gran mayoría de los países europeos, se está enfrentando al doble reto del envejecimiento demográfico y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En este contexto, el debate sobre cómo articular el tránsito hacia la jubilación resulta de vital importancia. Aquí entran en juego dos fórmulas clave: la jubilación activa y la jubilación parcial. Ambas permiten alargar la vida laboral, aunque responden a realidades distintas, y es necesario analizar si están alineadas con las dinámicas reales del mercado laboral y las expectativas de quienes lo integran.
Pese a que el legislador no habla explícitamente de la necesidad de aumentar los ingresos para financiar el sistema de pensiones, es evidente que es necesario reducir la presión financiera del sistema. Con el retraso de la jubilación, y permitiendo que las personas trabajadoras continúen en activo durante más años, se logra reducir el tiempo durante el cual se perciben las pensiones completas y, al mismo tiempo, se consigue el objetivo de incrementar las cotizaciones del sistema de pensiones. Esta nueva fórmula es un híbrido de lo que existe actualmente, ya que entre el trabajador activo y la persona jubilada existen puntos medios que se están intentando encontrar para la aplicación de la jubilación activa, parcial o demorada.
