Brasil acaba de propinar un durísimo golpe a un acuerdo que durante dos décadas ha sido crucial para reducir la deforestación relacionada con el cultivo de soja en la Amazonia. La agencia gubernamental antimonopolio suspendió cautelarmente esta semana la llamada moratoria de la soja, un acuerdo suscrito en 2006 por las principales empresas con la sociedad civil, con apoyo del Gobierno, por el que las compañías comercializadoras se comprometen a no comprar grano procedente de tierras deforestadas después de julio de 2008. Se considera un caso de éxito porque en estos años ha demostrado que la producción agrícola puede aumentar sin necesidad de derribar más árboles. Este grave revés ambiental ocurre a menos de tres meses de que Brasil acoja la cumbre del clima de la ONU, la COP30, en la ciudad amazónica de Belém, y cuando presume de la caída de la desforestación.
El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático brasileño, dirigido por la veterana ecologista Marina Silva, salió inmediatamente en defensa de la eficacia moratoria, que el Gobierno respaldó desde sus inicios. La ministra y todo el Gabinete son conscientes de que el resto del mundo mide el desempeño medioambiental de Brasil por los índices anuales de deforestación en la Amazonia, que en 2024 perdió 6.288 kilómetros cuadrados, lo que supone una caída del 30%.
