El Tribunal Constitucional ha acabado con el sopor del verano en la política local gallega. Los magistrados que visten sus togas en el madrileño barrio de Chamberí emitieron el pasado junio una sentencia que permite presentar una moción de censura en un ayuntamiento de la mano de tránsfugas. Hasta ahora, la ley electoral mantenía proscritas estas alianzas con concejales que hubieran traicionado o hubieran sido expulsados del partido con el que lograron el acta. El fallo ha propiciado ya en Galicia cuatro cambios de gobierno, tres de ellos en favor del PP, y una voltereta sorpresa de los populares con respecto a la polémica reapertura de una mina de cobre en Touro.
El Constitucional ha eliminado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) el precepto que bloqueaba las mociones de censura cuando su éxito dependía del voto de un tránsfuga del partido en el gobierno. Exigía incrementar la mayoría y, en la práctica, imposibilitaba la moción, lo que a juicio del tribunal lesiona el derecho constitucional a la participación política. El 31 de julio, mes y medio después de emitirse la sentencia, se celebró en Forcarei (Pontevedra) el pleno en el que el PP arrebató la alcaldía al PSdeG-PSOE. Este lunes, los socialistas alzarán en Noia (A Coruña) el bastón de mando que empuñaba el PP. El martes serán los populares los que accedan a la alcaldía de Touro (A Coruña) desbancando a la formación Movemento Veciñal. Y el día 19, los de Alfonso Rueda se harán con Fisterra (A Coruña) desalojando al partido Alternativa dos Veciños.
