En torno a una mesa caoba, en un despacho del Parlamento andaluz, se sentaban Teodoro García Egea (PP), Javier Ortega Smith (Vox), el por entonces juez estrella de la ultraderecha Francisco Serrano y quien acabó siendo el principal beneficiario de la reunión, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aquel 9 de enero de 2019 salió de la sala con su investidura en el bote. El precio fue fir...
mar el primer acuerdo de Vox con el PP, que empezaba a incorporar planteamientos del repertorio extremista, entre ellos comprometerse a “garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental”.
No es una expresión inocente. Desde hace décadas, las extremas derechas europeas la usan para estigmatizar, sin hacerlo explícitamente, a los extranjeros que profesan el islam, presentándolos como incompatibles no solo con la democracia occidental, también con la identidad nacional. Es decir, el mismo esquema que el PP y Vox aplican ahora en Jumilla (Murcia), donde pretenden vetar las celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas públicas para defender las “costumbres del pueblo español”.
Aquel acuerdo de 2019 puso la primera baldosa de un camino de coincidencias sobre inmigración entre el PP y Vox que llega hasta hoy. De Sevilla a Jumilla, estos seis años y medio de acuerdos han acabado por dibujar un patrón. Por un lado, Vox los celebra como éxitos que validan sus premisas xenófobas: que los musulmanes amenazan nuestro estilo de vida, o que los “menas” (menores extranjeros no acompañados) son un peligro, o que las ONG colaboran con las mafias, o que los extranjeros vienen para vivir de las ayudas. El PP, por su parte, consigue con ellos una investidura, o un presupuesto, o simplemente trata de zafarse de la presión de Vox, todo ello mientras niega que haya ninguna cesión grave. ¿Extremismo? ¿Dónde?
