El proyecto del puente sobre el estrecho de Mesina, para unir la isla de Sicilia con la península, es una de las obras más largas, costosas y controvertidas de la historia italiana. En el último medio siglo, todos los gobiernos se han ocupado de ello de una u otra forma, unos para apoyar con fondos públicos la construcción del que sería el puente colgante más largo del mundo, y otros para tratar de hundir el plan definitivamente. El Ejecutivo de Giorgia Meloni, con el empuje de Matteo Salvini como ministro de Transportes e Infraestructuras, es el que hasta ahora ha llegado más lejos para levantar el polémico puente. El miércoles, el proyecto recibió el visto bueno del organismo que aprueba el gasto de las grandes obras públicas, el Comité Interministerial para la Planificación Económica y el Desarrollo Sostenible (Cipess). Sin embargo, aún queda un largo camino por delante y aunque Salvini ha asegurado que en septiembre podrían iniciar las obras, esta opción no parece muy viable.
El Tribunal de Cuentas aún tiene que aprobar en plan, ya que la obra costará 13.500 millones de euros inicialmente, financiados íntegramente con dinero público; se tiene que elaborar el proyecto ejecutivo, es decir, una hoja de ruta definitiva y concreta, que incorpore las nuevas indicaciones de las administraciones locales y de la Comisión que valora el impacto ambiental de las obras; se deberán gestionar las expropiaciones de terrenos necesarias para levantar el puente y la red de carreteras secundarias que tanto en Sicilia como en Calabria se conectarán con él. También se acaba de abrir la puerta a los recursos judiciales. Además de los propietarios de inmuebles o terrenos expropiados, las organizaciones ecologistas y otras asociaciones contrarias al proyecto han anunciado que recurrirán a la justicia.
