El activista keniano Boniface Mwangi se encontraba en su casa el pasado 19 de julio cuando “seis hombres armados” irrumpieron en su propiedad. “Vivo en una granja en Machakos, en Lukenya [sureste de Nairobi]. Había ido al baño y, al regresar al salón, los encontré sentados y me dijeron que iban a arrestarme por instigar el terrorismo” en las protestas del pasado 25 de junio, cuenta este veterano de la lucha social keniana en una entrevista telefónica con EL PAÍS días después de su detención. Sin una orden judicial clara, según el relato del activista, los agentes revisaron su casa y confiscaron sus ordenadores, móviles y cuadernos. Después, lo llevaron a su oficina, repitieron el proceso y prometieron trasladarlo a la Dirección de Investigaciones Criminales, pero terminaron encerrándolo en una comisaría de Nairobi. Durante horas no se supo nada de él y al final del día lo dejaron libre.
El caso de Mwangi no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos denuncian que su detención se inscribe en un patrón más amplio de represión contra voces críticas en Kenia, que incluye arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y campañas de criminalización destinadas a frenar la creciente ola de descontento social en el país. Tres líderes vinculados a centros de justicia comunitaria, John Mulingwa Nzau, Mark Amiani y Francis Mutunge Mwangi, fueron arrestados el 27 de junio, dos días después de la última manifestación multitudinaria en Nairobi contra el Gobierno de William Ruto. Según la Fiscalía, habrían instigado la violencia en las protestas mediante publicaciones en redes sociales, pero organizaciones civiles como Amnistía Internacional denuncian que las acusaciones carecen de pruebas y buscan “decapitar” el liderazgo del movimiento.
