El presidente Donald Trump se prepara para celebrar por todo lo alto el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se cumple en 2026. El Estado español debería estar representado en la efeméride, no solo por el decisivo apoyo que la Corona de España prestó a los revolucionarios americanos, reconocido en el retrato de Bernardo de Gálvez, el vencedor de la batalla de Pensacola, que cuelga desde 2014 en el Capitolio; sino porque españoles fueron los primeros europeos que exploraron el actual territorio de Estados Unidos y los fundadores de sus dos ciudades más antiguas: San Juan, en la isla de Puerto Rico, y San Agustín (Florida), en el continente.
No hay noticia, sin embargo, de que autoridades españolas figuren en la lista de invitados, aunque los reyes Felipe VI y Letizia fueron distinguidos por Trump en su primer mandato con una visita de Estado que se frustró por el confinamiento impuesto por la pandemia. Cinco años después, las relaciones entre los dos países no atraviesan su mejor momento, aunque los inquilinos de la Casa Blanca y el Palacio de La Moncloa sean los mismos que entonces.
El motivo del último desencuentro ha sido la decisión del Ministerio del Interior de adjudicar a la tecnológica china Huawei un contrato de 12,3 millones para almacenar digitalmente las grabaciones de las escuchas realizadas por las fuerzas de seguridad en el curso de investigaciones dirigidas por jueces y fiscales. Después de que los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU, los republicanos Tom Cotton y Rick Crawford, pidieran a la directora de Inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España, ante el riesgo de que esta caiga en poder de China, el Gobierno español ha ofrecido garantías de que este contrato no supone ningún riesgo para la seguridad, al tratarse de un almacén estanco, sin conexión con el exterior, en el que no caben fugas.
