El futuro de cientos de emisoras locales, esas que en lugares aislados o inhóspitos, como Alaska, son un servicio público para la comunidad, es hoy más negro que nunca tras el anuncio del cierre de la Corporación de Radiodifusión Pública de Estados Unidos (CPB), de la que depende su financiación, a consecuencia del recorte de 1.100 millones de dólares aprobado por el Congreso hace dos semanas. Hasta ahora contribuía a las operaciones de más de 1.500 cadenas de radio y televisión públicas administradas y operadas localmente en EE UU.
La CPB, una corporación sin ánimo de lucro que fue autorizada por el Congreso en 1967, financia de manera directa o indirecta a la radio pública (NPR, en sus siglas inglesas) y la televisión pública (PBS, ídem), dos oasis de información y entretenimiento en un escenario mediático crispado por la mala política y lastrado por la desinformación.
Pero la objetividad y la serenidad que han rodeado a los dos medios públicos no eran del gusto del presidente Donald Trump, que los veía demasiado escorados a la izquierda. No importa que la televisión esté detrás de un clásico infantil que ha entusiasmado a generaciones, Barrio Sésamo, o que la radio tenga una legión de fieles —y no sólo en EE UU— gracias a sus conciertos en pequeño formato, en directo, los famosos Tiny Desk, con actuaciones de los principales artistas internacionales. El servicio público —alertas meteorológicas o de sucesos, avisos de carreteras cortadas, etcétera— que prestaban a miles de comunidades en todo el país desaparecerá, y las más afectadas serán las localidades con poca población, zonas rurales y comunidades indígenas.
