La biblioteca de Jefferson ofrece un buen mito fundacional para el asesoramiento científico a las políticas públicas. Tras el incendio del Capitolio por las tropas inglesas en 1814, Thomas Jefferson cedió al Congreso de Estados Unidos su biblioteca personal: más de 6.000 libros, cuidadosamente elegidos y clasificados, que ayudarían a los congresistas a tomar decisiones basadas en el mejor conocimiento de la época. Esta decisión marcó a la joven institución americana: fue el germen de la actual Biblioteca del Congreso, que cuenta con más de 50 millones de libros y 400.000 visitas al año.
Hagamos un ejercicio de imaginación y proyectemos la influencia posterior de aquella biblioteca. Pensemos que explica una cultura pragmática y obsesionada ―al menos en sus élites y al menos hasta hace poco― por la evidencia y los facts&figures. Pensemos que hizo inevitable que Estados Unidos fuera el primer país en crear, en 1972, una oficina de asesoría científica parlamentaria, la Office of Technology Assessment. Y pensemos que esta inspiró a muchos países otros a crear instituciones semejantes: es el caso de Francia (1983), Reino Unido (1989), Alemania (1990) e incluso del Parlamento Europeo (1987). Pocos recuerdan que España pudo tener también la suya en los años 80, a propuesta de Miguel Ángel Quintanilla, presidente de una comisión mixta Congreso-Senado que fue clave para institucionalizar nuestra política científica. Pero todos sabemos que desde 2021 contamos, por fin, con apoyo de FECYT, con la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados.
