Comunidades autónomas y sector agrario y ganadero han hecho piña con un objetivo común: frenar la propuesta presupuestaria de Bruselas que prevé recortes de más del 20% para el campo y el desarrollo rural dentro del nuevo marco financiero 2028-2034 de la Política Agraria Común (PAC). Un tijeretazo que forma un cóctel aún más nocivo si se tiene en cuenta que llega tras el anuncio de un arancel del 15% a todas las exportaciones comunitarias a Estados Unidos o la amenaza comercial que, creen, supone el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur.
El sector considera que con la actual propuesta las ayudas agrarias quedarán diluidas en una bolsa común donde también habrá presupuesto para otros fondos y pudiendo haber intercambio entre las diferentes partidas presupuestarias. Además, serán los estados miembros quiénes gestionarán sus propios programas nacionales (agricultura, cohesión, desarrollo territorial, etc.) mediante un control superficial comunitario. “Esto significa, en la práctica, la renacionalización de la PAC. Es decir, un cambio drástico en la forma en que se gestiona esta política, pasando de una gestión comunitaria como la actual a una gestión nacional por parte de los estados miembros”, indican desde la patronal Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores).
