En 2023, seis países occidentales emitieron, sin quererlo, la más rotunda acusación por escrito que existe contra Israel por el genocidio en Gaza. Lo hicieron al acusar a Myanmar de perpetrar un genocidio contra la minoría rohinyá musulmana. Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca presentaron ante la Corte Internacional de Justicia una Declaración Conjunta de Intervención definiendo lo que constituye un genocidio, y cada criterio para condenar a Myanmar se cumple hoy en Gaza con evidencias aún más abrumadoras. Los seis argumentaban que “los niños son esenciales para la supervivencia de cualquier grupo como tal” y que su destrucción afecta a su “capacidad regenerativa”, siendo esto una “evidencia clara de intención genocida”. En Gaza, más de 17.000 niños han sido asesinados, el 40% de todas las víctimas. Otro ejemplo: la intención genocida podía probarse mediante “declaraciones de líderes políticos” que deshumanicen al grupo objetivo, citando como evidencia válida el uso de expresiones como “animales humanos”. Ministros israelíes, incluido Netanyahu, usan esa misma terminología, además de referencias bíblicas a la destrucción total del pueblo de Amalec.
No hace falta ser un experto para ver la contradicción, aunque ayuda escuchar a quien lo es. Omer Bartov, historiador y veterano del ejército israelí, ha dedicado su vida a estudiar el Holocausto y el genocidio, y cambió su opinión sobre Gaza tras meses de evidencia acumulada. “Hay pocos casos tan claros como este”, ha dicho, añadiendo que Israel ha pervertido la lección del Holocausto. Si alguien con su autoridad moral es tan rotundo, ¿qué más pruebas necesitamos para actuar? La verdad incómoda es que el reconocimiento del genocidio sigue un patrón geopolítico predecible. Si el perpetrador es un adversario, actuamos con velocidad moral admirable: Ruanda en 1994, Srebrenica en 1995, los rohinyás en Myanmar. Las atrocidades se etiquetan rápidamente como genocidio y exigimos justicia internacional. Pero cuando el genocida es un aliado estratégico, los mismos criterios legales se vuelven súbitamente “complejos” y requieren “más investigación”.
