El Gobierno de Donald Trump lleva desde el viernes pasado insistiendo en sus acusaciones al expresidente Barack Obama y a varios altos cargos de su Administración de que estos inventaron una falsa conspiración para exagerar la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, que ganó Trump.
Este jueves, mientras crecía la presión sobre el presidente por el caso Epstein, un grupo de senadores republicanos, con mayoría en ambas cámaras, pidieron que el Departamento de Justicia nombre a un fiscal especial que investigue las decisiones de Obama durante el final de su segundo mandato. Trump las calificó el martes de “traición” y durante el fin de semana sugirió que vería con buenos ojos la detención de su antecesor, como parte de la campaña de vengarse de sus adversarios políticos que ha desplegado desde su regreso al poder.
La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, que ha desclasificado dos remesas de documentos, entre ellos, correos electrónicos de aliados de Obama, ha remitido al Departamento de Justicia una solicitud para que estudien si se le debería procesar penalmente.
Según Gabbard, “existen pruebas irrefutables” de que el expresidente y su equipo produjeron informes de inteligencia que perjudicaban a Trump y que sabían que eran ”falsos”. La información desclasificada estos días prueba que Obama ordenó que se investigaran los esfuerzos de Rusia para influir en las elecciones, pero no demuestra que diera instrucciones para que esas investigaciones llegaran a una conclusión específica.
