Reconozcámoslo: el rechazo esta semana en el Congreso del decreto antiapagones no es sólo un obstáculo más en la transición energética, es una pérdida de oportunidad vergonzosa, desalentadora y un síntoma de la lejanía actual de la clase política frente a las necesidades y preocupaciones reales de la ciudadanía, que asiste perpleja a un debate energético...
donde no parece haber soluciones ni esperanza posibles.
Pero ni esta falta de soluciones es cierta ni tampoco sirve de nada quedarnos de brazos cruzados esperando a que haya mejor suerte a la vuelta del verano. Por más carencias que tuviera el decreto, por mucho que siguiera dejando demasiado poder en manos del oligopolio energético, la propuesta tumbada el miércoles era un escalón necesario en el camino hacia un sistema energético 100% renovable.
Nadie niega que estemos ante un laberinto de decisiones difíciles con muchos grupos de interés enfrentados, al menos aparentemente. Decisiones que, según la correlación de fuerzas o las circunstancias, favorecen a unos sectores más que a otros. Pero necesitamos avanzar, adoptar decisiones contundentes y no perder de vista el objetivo común: descarbonizar nuestro sistema de la forma más eficiente y justa posible porque la crisis climática no espera y nos va la vida en actuar para evitar los peores escenarios.
