El martes pasado, dos policías de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) fueron los primeros en acudir al Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Granada, donde se iba a producir la entrega de Daniel Arcuri, de 11 años, a su padre. A continuación llegó este, Francesco Arcuri, acompañado de una psicóloga y sus abogados. Luego llegó Juana Rivas. Lo que sigue es una descripción detallada de lo que ocurrió esa mañana en el PEF —según el informe que dos técnicas allí presentes han remitido al juzgado responsable del caso y al que EL PAÍS ha tenido acceso— que terminó con el la orden de la jueza de aplazar la entrega del menor hasta este viernes.
Llegada del padre, la madre y el menor. A la llegada de Arcuri, le informaron del procedimiento que tenía por delante y de que solo podía tener un único acompañante. Dos minutos antes de las 11, hora límite para la entrega, entró Juana Rivas, acompañada de su abogado y de Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena y asesora jurídica. Le preguntaron por el menor y Granados respondió que no sabía, “que venía detrás de ellos”. “Se habrá quedado atrapado entre la prensa”, dijo. Le explicaron que el niño tenía que entrar para que intervinieran con él.
