En diciembre de 2022, cuando la pandemia de la covid-19 todavía era un recuerdo cercano y amargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con los jefes de los principales laboratorios y compañías farmacéuticas del mundo. España se recuperaba de la pandemia, la guerra en Ucrania ya había estallado, y en el horizonte empezaba a figurar la obsesión en la que ahora está inmersa Europa:
pos-convulsos.html" data-link-track-dtm="">tener autonomía estratégica en todos los sectores —también en salud— para hacer frente a un panorama geopolítico cambiante en el que el Viejo Continente tiene que valerse por sí mismo.
España es un país que lo tiene todo para tener un papel relevante en este objetivo: costes laborales bajos, un ecosistema de salud e investigación muy reconocido y una red de compañías farmacéuticas históricas muy asentadas, en plena transformación hacia negocios más rentables y enfocadas a la exportación. El Gobierno quería hacer valer estas virtudes y prometió elaborar un plan estratégico para facilitar la apuesta de las grandes farmacéuticas por España. A cambio, estas se comprometieron a invertir, en un plazo de tres años, 8.000 millones de euros en investigación biomédica, inversiones productivas para asegurar la tan ansiada autonomía estratégica, y actividades tecnológicas.
