La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la imputación por malversación de caudales públicos de Cristina Álvarez, exasesora de Begoña Gómez en La Moncloa. Gómez es la esposa de Pedro Sánchez. Los magistrados señalan a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como la “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo, que consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo.
En un auto, fechado el 12 de junio, los jueces respaldan la investigación contra Álvarez del instructor de la causa, el juez Juan Carlos Peinado, que lleva más de un año, y afirman que la ocupación de Álvarez pudo utilizarse “desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”.
El juzgado número 41 de Madrid investiga a la esposa de Sánchez por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el marco de las indagaciones, Peinado citó a la asesora Álvarez para declarar como testigo, después de que diversas informaciones periodísticas asegurasen que esta dedicaba parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente.
