El juez Juan Carlos Peinado se ha librado de tres querellas por su presunta instrucción irregular en el caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es una de las causas que acumula más recursos en menos tiempo por parte de todas las partes: desde las acusaciones populares de ultraderecha, hasta la fiscalía y la defensa de los imputados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no apreció en la actuación de Peinado ninguna anomalía digna de apartarle de una causa penal llena de sobresaltos injustificables. El juez ha llegado a imputar a personas ―como Juan José Güemes, directivo del IE— por unas declaraciones en el juzgado que nunca se produjeron; ordenó un registro en la habitación del hospital de un empresario gravemente enfermo que fue anulado por la Audiencia Provincial por vulnerar derechos fundamentales; abrió investigaciones basadas en conjeturas o en noticias falsas, y salpicó de errores de bulto algunos de su autos (en el último llama “investigado” al testigo Bolaños).
Peinado empezó investigando un supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez para que un empresario lograra contratos millonarios de la Administración central pero no hay todavía un sólo indicio que acredite la existencia de ese delito, sino todo lo contrario. Quince meses después, el juez intenta imputar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por un supuesto falso testimonio durante su declaración como testigo por otro asunto, también judicializado, relacionado con la mujer del presidente del Gobierno.
