El descrédito es tan grande que el temor ahora es que afecte a todo, a lo que es verdad y está tan documentado como el caso Cerdán, y también a otros asuntos que han generado ruido político y mediático, pero mucho menos asentados judicialmente con pruebas o “indicios consistentes”. Y, por supuesto, que sepulte cualquier opción en próximas convocatorias electorales, sean de cualquier carácter. Las defensas de los casos que implican al fiscal general del Estado, la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, no pueden descartar que el “efecto dominó” del terremoto social provocado por las actuaciones del exsecretario de Organización del PSOE contagie la percepción negativa sobre sus defendidos, aunque aguardan que no perjudique sus estrategias procesales.

La semana pasada comenzó con el inédito procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el ministerio público recurrió unos días más tarde tras comparecer el propio afectado ante los periodistas para defender su actuación como impecable frente al bulo difundido por el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz descartó su dimisión y expresó una denuncia que pasó sin pena ni gloria: “La mentira no puede derrotar a un fiscal general, no puede ser, no podemos entrar en ese escenario”. El eco de esa queja de uno de los cargos institucionales más relevantes del Estado fue mínimo.