El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, se ha sumado este martes a las comunidades gobernadas por el PP y lleva la reubicación de menores migrantes al Tribunal Constitucional. El Consejo de Gobierno ha autorizado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley que permite la distribución entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que están hacinados en Canarias y Ceuta. La norma, con la que el Ejecutivo espera iniciar los traslados en verano y que fue convalidada por el Congreso de los Diputados en abril, acumula ya una decena de recursos ante el órgano de garantías.
En el corazón de los argumentos que esgrime el Gobierno regional contra la redistribución está la financiación. Así lo ha sostenido la portavoz Esther Padilla en una rueda de prensa tras la reunión de este martes. “Este Gobierno comparte que la solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños, pero acoger no es solo abrir la puerta, es ofrecer condiciones dignas y, para eso, hace falta financiación”, ha dicho. “Castilla-La Mancha no recibe ni un euro para atender esos más de 500 niños y eso tiene un coste; son 26,6 millones de euros solo la parte de bienestar social, sumando además educación, sanidad… y no nos dan nada”, ha sostenido.
