El Gobierno de Aragón, en manos del PP, tiende la mano a la Generalitat de Cataluña para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo del socialista Salvador Illa a devolver las pinturas murales de Sijena, ahora expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, al monasterio oscense. La consejera de Cultura, Tomasa Hernández, se muestra favorable a ampliar el plazo de 20 días marcado por el fallo judicial para el traslado de los frescos, pero rechaza que Cataluña lleve el asunto al Tribunal Constitucional.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, acudió este viernes a la Conferencia de Presidentes que se celebró en la Ciudad Condal con la idea de poder trasladarle a Illa el plan de colaboración y los expertos que ofrece su gobierno para ayudar en este traslado. Tras la reunión, ha subrayado que la responsable de ejecutar la sentencia es la Generalitat. Azcón ha defendido que el traslado de las pinturas murales de este monasterio aragonés no es un asunto “de responsabilidad política sino jurídica”, y ha ofrecido “colaboración técnica” al Gobierno catalán.

Por su parte, su consejera de Cultura de Aragón avanzó este viernes su oposición a prolongar la batalla judicial alrededor de estas pinturas, después de que Junts le haya pedido a la Generalitat que acuda al Tribunal Constitucional. Hernández, jueza que ejercía en primera instancia en Baleares, colgó la toga temporalmente cuando Azcón le ofreció ser consejera de su gobierno. Este viernes, ante los micrófonos de la Cadena SER en Zaragoza, recurría al derecho para defender la postura aragonesa validada por la Justicia. “No entendemos esta invocación al Constitucional, en este asunto no cabe el amparo”, afirmó. “Si se lleva a cabo esta petición de Junts al Gobierno catalán y se abre esta vía, se retrasaría una sentencia que es firme porque los bienes son de Aragón”. La consejera rechaza también el documento de adhesión que hicieron público el jueves los consejeros de cultura catalanes, asegurando que “tiene un matiz político, pero ni es técnico ni jurídico”.