Ninguna artimaña publicitaria puede distraer del hecho de que los líderes de la España de las autonomías comparten diagnóstico sobre cuáles son los problemas internos del momento. En la Conferencia de Presidentes de este viernes, celebrada en Barcelona, se habló de vivienda, de inmigración o de financiación autonómica, entre otros muchos asuntos. Es cierto que la Conferencia es un foro sin capacidad ejecutiva y con límites formales que dificultan el debate y la adopción de acuerdos, pero 21 años después de su primera edición hay algunas convenciones que definen su sitio en la arquitectura del Estado de las autonomías. La primera de ellas es que sirve para transmitir a los ciudadanos una imagen de cordialidad institucional oxigenante. Conformarse con la formalidad puede parecer poco, pero en absoluto es una cuestión menor en la política actual.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió en su intervención afrontar la cita con “honestidad y espíritu constructivo” y recordó que la Conferencia es un órgano “de naturaleza conciliadora”. La petición era pura melancolía cuando los 11 presidentes autonómicos del Partido Popular habían ya boicoteado el debate al exigir que se incluyeran en el orden del día tantos asuntos que lo hacía impracticable. Más aún cuando casi todos los barones del PP usaron la cumbre para reclamar elecciones a 48 horas de una manifestación en Madrid convocada por Alberto Núñez Feijóo bajo el lema “Mafia o democracia”.
