El 67% de las víctimas fueron asesinadas en su propio hogar y el 16% había denunciado previamente a su agresor, evidenciando la falta de políticas públicas y el incumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

Familiares de la víctima denuncian que el agresor huyó de la escena y luego regresó para alterar la evidencia.

El 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% botón antipánico.