Dos colombianos tenían sentencias condenatorias ejecutoriadas, mientras que otros dos ciudadanos fueron considerados un riesgo para la seguridad pública.

Según el Ministerio del Interior, siete de los nueve ciudadanos tendrían una presunta vinculación con actividades de préstamo y cobro ilegal de dinero.

Las personas fueron dispuestas a las autoridades de cada país. Los extranjeros salieron expulsados.