¿Quién llega primero?, escribe María Elena Morera

En Sinaloa, el gobierno federal presume más de dos mil quinientas detenciones desde octubre de 2024. Es importante reconocer que detener a quienes participan en células criminales evita que aumente el número de víctimas y debilita a esas organizaciones delictivas. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez aparece en la conversación pública: ¿quiénes reemplazan a los que son detenidos?La guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha mostrado una realidad cruel. Antes de que comenzara la confrontación, se estimaba que dos mil jóvenes trabajaban como halcones. Cuando la violencia se intensificó, muchos dejaron de vigilar calles para recibir un arma y salir a combatir.También aumentó el número de adolescentes involucrados en delitos graves. Antes de septiembre de 2024 había apenas unos cuantos menores en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Sinaloa. En noviembre de 2025 eran 89 y para marzo de este año ya eran 119.No hablamos solamente de adolescentes sinaloenses atraídos por la narcocultura. La Fiscalía de Jalisco ha documentado jóvenes captados en ese estado, trasladados a Zacatecas para recibir entrenamiento y enviados después a Sinaloa. Algunos respondieron falsas ofertas laborales en redes sociales; otros fueron invitados por conocidos.Por eso resulta engañoso tratar de dividir entre quienes fueron reclutados “por la fuerza” y quienes supuestamente se incorporaron “voluntariamente”. ¿Qué significa la voluntad cuando hablamos de un muchacho de 14 o 15 años que consume drogas, abandonó la escuela, creció rodeado de violencia o encuentra en el cártel dinero, protección y pertenencia?Que haya aceptado acercarse al crimen no significa que haya consentido libremente su propia explotación. El reclutamiento puede comenzar con un amigo, una oferta de trabajo, unos pesos por vigilar una esquina o la promesa de pertenecer a un grupo. Sin embargo, puede comenzar también en un centro de rehabilitación.International Crisis Group documentó que algunos centros de tratamiento de adicciones en Sinaloa son utilizados para captar jóvenes vulnerables. El dato es más preocupante porque, de 220 centros que había en el estado, sólo 65 estaban certificados. Este año se reportaban más de 150 anexos sin registro estatal.Ahí se concentran adolescentes con consumo problemático, ruptura familiar, posiblemente fuera de la escuela y emocionalmente vulnerables, justamente en lugares que el Estado debería supervisar con especial cuidado.Existen programas preventivos; por ejemplo, Sinaloa cuenta con DECIDE, dirigido a estudiantes en zonas violentas. Además, el gobierno federal inició “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” y un programa para adolescentes en conflicto con la ley. Ambos comenzaron apenas en julio, por lo que aún no sabemos su alcance o si lograrán evitar que los jóvenes más vulnerables sean captados por el crimen.Son esfuerzos necesarios, pero permanece un enorme vacío. Por un lado, se atiende a quienes siguen en la escuela; por otro, se intenta reinsertar a quienes ya fueron detenidos. ¿Y quién está buscando al muchacho que quedó en medio? Al que dejó la secundaria, al que consume cristal, al que vive en una colonia controlada por el crimen, al que está internado en un anexo irregular o al que empieza haciendo pequeños encargos hasta que un día recibe un fusil.La prevención no consiste simplemente en ofrecer programas para “los jóvenes”; consiste en encontrar primero a los jóvenes que el crimen está buscando. Ése debería ser uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno de Sinaloa. Cambiar de gobernador servirá de poco si permanece intacta una estructura criminal capaz de sustituir a sus integrantes.Podemos detener a miles de criminales y seguir perdiendo la batalla si el crimen organizado conserva la capacidad de reclutar a la siguiente generación. En Sinaloa no sólo se disputa el territorio, también el futuro de sus niños y jóvenes. Lamentablemente, demasiadas veces, el crimen está llegando primero. Presidenta de Causa en ComúnÚnete a nuestro canal

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