¿Es el mérito la única vía de acceso a la educación superior? , escribe RIIE- UNAM Joaquín Caso Niebla

Joaquín Caso Niebla Investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo - UABC Gabriela Pimentel Linares Investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación - UNAM Los motivos para estudiar una carrera universitaria son diversos, van desde los más intrínsecos, como el interés por el desarrollo intelectual y científico, hasta los más instrumentales, como la búsqueda de mejores oportunidades laborales y salariales. Independientemente de la motivación o combinación de motivaciones que se tengan, la realidad es que no todas las personas pueden cumplir ese propósito. En México, cerca de seis de cada diez personas en edad de estudiar una carrera universitaria no acceden a la educación superior. En el imaginario social y entre los mismos universitarios, muchas veces la universidad se concibe como un espacio de privilegio, pero en realidad la educación superior en México es un derecho humano. Está reconocido en el artículo 3° de la Constitución, donde se establece que el Estado impartirá y garantizará la educación superior, que además debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Sin embargo, el dinero no alcanza, y los espacios en las universidades se ven limitados por los recursos de que estas disponen. Dada la aspiración de dotar de carácter universal a la educación superior pública que se imparte en nuestro país, los recursos que proporciona el Estado deberían procurar, además, la suficiencia presupuestal que asegure la incorporación de un mayor número de estudiantes a las aulas universitarias, lo cual no sucede. Esta aspiración se ha visto frustrada como consecuencia del estancamiento del presupuesto anual destinado a la educación superior pública en términos reales y la disminución consecuente del subsidio promedio por estudiante, la desaparición de fondos extraordinarios y la falta de apoyos para infraestructura educativa, sin considerar pasivos, adeudos y recortes adicionales que experimenta este sector y que le impiden cumplir con el mandato constitucional. Ante la imposibilidad de asegurar que todo aspirante cuente con un lugar en la universidad, lo cual desafortunadamente sucede en la mayoría de las instituciones de educación superior públicas del país, estas han optado por la aplicación de exámenes de selección. Estos exámenes permiten identificar a los estudiantes que mejor desempeño registran en cada convocatoria, lo cual generalmente va antecedido de un historial de logros académicos registrados en los niveles educativos previos que, a su vez, suelen predecir trayectorias escolares exitosas. La gran mayoría de las universidades públicas del país utilizan este tipo de exámenes en sus procesos de admisión, lo cual no solo les permite seleccionar a los mejores estudiantes de cada convocatoria, también permite identificar a los miles de egresados del bachillerato que verán truncadas sus aspiraciones de ingresar a la universidad. Con base en datos de la ANUIES (2026), el 65% de los estudiantes que aspiraban a ingresar a una universidad pública federal o estatal en el periodo 2024-2025, no lo consiguió. Este modelo de selección, que conduce a lo que Markovits (2019) denominó la trampa de la meritocracia, produce una exclusión que, detrás de la idea del esfuerzo como motor del éxito, esconde las múltiples desigualdades y desventajas preexistentes. Como alternativas a este modelo, han emergido algunos otros que buscan subsanar tales desventajas mediante acciones afirmativas. Muestra de ello es la Ley de Cuotas de 2012 en Brasil, que reserva el 50% de los lugares en universidades públicas para grupos históricamente marginados y personas con discapacidad. En la misma línea, el movimiento Test-Free en Estados Unidos (impulsado por la Universidad de California y adoptado por instituciones como Harvard y MIT) eliminó exámenes como el SAT al considerar que penalizan el bajo nivel socioeconómico, sustituyéndolos por evaluaciones contextuales. En el caso de nuestro país, la Universidad Autónoma de Guerrero establece en su legislación cuotas específicas en las convocatorias de ingreso dirigidas a aspirantes que pertenecen a pueblos originarios, población con ascendencia afromexicana, residentes de zonas rurales e hijos de migrantes; mientras que la Universidad Autónoma de Chapingo combina este tipo de condiciones con un puntaje mínimo en el examen de selección. Si bien estas acciones afirmativas dan cuenta de iniciativas que buscan la reducción de las barreras de acceso a las universidades mexicanas y así atenuar las desigualdades registradas por razones económicas, étnicas, lingüísticas, de género y de discapacidad, estas siguen presentando un estado de avance aún incipiente. El gran reto para nuestras universidades será, tal como sostiene el filósofo político y profesor estadounidense Michael Sandel (2020), equilibrar el principio del mérito con la inclusión, haciendo que quienes han estado en desventaja tengan verdaderas oportunidades educativas. Identificar el punto de equilibrio entre estas dos perspectivas no resulta nada sencillo, sobre todo si se carece de los espacios educativos requeridos y de la suficiencia presupuestal correspondiente que lo haga posible. Resolver este dilema determinará si la educación superior en México seguirá operando como un filtro meritocrático o si logrará garantizarse como el derecho humano que es. Referencias: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2026). Anuario estadístico de la educación superior. México 2025. ANUIES. https://anuario.anuies.mx/ Markovits, D. (2019). The meritocracy trap: How America's foundational myth feeds inequality, dismantles the middle class, and devours the elite. Penguin Press. Sandel, M. (2020). La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común? Debate.

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