La educación pública constituye uno de los fundamentos del Estado democrático porque es el principal instrumento para impedir que el acceso al conocimiento y las oportunidades de desarrollo dependan de la capacidad económica de las familias. No se trata únicamente de prestar un servicio, sino de cumplir la responsabilidad esencial de garantizar que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y participar en la sociedad en condiciones más equitativas. Por ello, defender la educación pública no significa justificar sus deficiencias ni rechazar la participación de instituciones privadas. Significa asegurar que la escuela pública y la universidad pública ofrezcan una formación de calidad y constituyan un verdadero camino de movilidad social.