La sanción quedó firme en la vía administrativa y eleva la presión financiera sobre el laboratorio, que además deberá asumir gastos médicos, costos de sepelio, atención de nuevos reclamos y la implementación de un programa integral de cumplimiento. La resolución también mantiene repercusiones sobre el abastecimiento, la regulación sanitaria y los estándares de control de calidad.