La presión sobre el sistema penitenciario, escribe Gerardo Bonilla Alguera

Por Gerardo Bonilla AlgueraEl pasado 18 de julio de 2026, México se coronó campeón del Mundialito 2026 tras derrotar a Bosnia en la tanda de penales. Fue la sexta edición de un torneo realizado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Mérida, Yucatán. Se trató de una actividad paralela al mundial que contó con la participación de 780 internos y 48 equipos. Más allá del atractivo mediático de este evento, hay que observar el estado actual de las capacidades del sistema penitenciario mexicano y su relevancia en la estrategia nacional de seguridad.De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2024), el CERESO de Mérida presenta fallas en el área de reinserción y en los aspectos que garantizan una estancia digna. Sin embargo, no hay problemas de sobrepoblación y las condiciones de gobernabilidad son aceptables. Al menos lo suficiente para que el Mundialito se haya realizado ininterrumpidamente desde 2006. Una vez pasada la fiebre mundialista, vale la pena dejar atrás las discusiones sobre los penaltis y centrarnos en los penales. Unos días antes de que se jugara la final del Mundialito 2026, el INEGI publicó los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E, 2026). Los datos indican incrementos notorios en los ingresos y disminuciones en los recursos humanos y económicos necesarios para operar. Esta situación plantea desafíos para la (re) formulación e implementación de una política penitenciaria.Los ingresos en centros penitenciarios crecieron 19.2% en 2025. El 98.3% de los más de 155 mil adultos que fueron recluidos se ubicaron en centros estatales y el 1.7%, en centros federales. Descontando los egresos por cumplimiento de condenas o por políticas de preliberación, el saldo neto de la población en reclusión al cierre de 2025 fue de poco más de 231 mil personas. En términos agregados, esta cifra se traduce en una tasa de ocupación de 112.8 personas internadas por cada 100 espacios disponibles a nivel estatal y 72.4 a nivel federal. Es decir, hay sobrepoblación en los CERESOS. En los extremos están Nayarit (251.9) y Colima (40.1). Los problemas que conlleva la sobrepoblación se agravan porque el sistema penitenciario opera con menos recursos. En 2025 se ejercieron poco más de 41 mil millones de pesos. A precios constantes de 2018, esto representa una disminución del 9.3% con relación al 2024. Esto también se refleja en la reducción del personal penitenciario. Para hacer frente a los problemas de sobrepoblación, los estados contaron en 2025 con 33,337 personas adscritas a CERESOS y centros especializados, 14.2% menos que el año previo. El incremento de ingresos en los centros penitenciarios no es un hecho aislado. Coincide con un aspecto central de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, la “neutralización de generadores de la violencia”. Los datos son consistentes con acciones de “pacificación del país” enfocadas en la detención de personas presuntamente relacionadas con algunos delitos de alto impacto (legislación en materia de armas, explosivos y contra la salud). Todavía no es posible sostener que el incremento de los internamientos sea la causa de la reducción del 48% en el promedio diario de homicidios (Presidencia de la República, 2026). Sin embargo, los datos sugieren que la política de reducción de homicidios se centra en la detención estratégica de presuntos delincuentes y que el uso intensivo de la prisión preventiva aumenta la presión sobre el sistema penitenciario. En 2025, el 42% de las personas internadas no había recibido sentencia; de estas, el 34.3% correspondía a la prisión preventiva justificada y el 50.1% a la oficiosa. La prisión preventiva afecta más a las mujeres. De la población penitenciaria, el 52.6% de las mujeres y el 41.5% no habían recibido sentencia.La mejora del sistema penitenciario en México sigue siendo una asignatura pendiente desde hace décadas. Es un asunto presente en todos los documentos programáticos sobre seguridad pública, pero ausente de las prioridades presupuestales. En la consecución de este objetivo se han realizado numerosos esfuerzos institucionales, pero hay pocos aciertos en la formulación e implementación de una política penitenciaria.Por ejemplo, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 se plantea “impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario…”. En junio de este año se llevó a cabo la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Se destacaron el intercambio de experiencias, la renovación de compromisos y algunos avances. Sobre el mentado “Modelo Penitenciario”, hay más preguntas que respuestas.En suma, los datos más recientes del INEGI dan cuenta de la creciente presión de una estrategia enfocada en la reducción de homicidios sobre un sistema penitenciario en el que los CERESOS son el eslabón más débil. Revelan, además, una contradicción entre el incremento de los internamientos y la pérdida de recursos y de capacidades institucionales. A largo plazo, ninguna estrategia de seguridad es sostenible si el sistema penitenciario pierde la capacidad de asimilar y procesar la presión que esta misma genera. La capacidad penitenciaria de un Estado es tan importante como el desempeño de sus instituciones de seguridad y justicia.Profesor Investigador del Instituto Mora. https://lix.li/m6AKSoÚnete a nuestro canal

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